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Las elecciones intermedias pondrán a prueba la democracia de EE.UU.

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Nota del editor: Dan Restrepo es abogado, estratega demócrata y colaborador político de CNN. Fue asesor presidencial y director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad durante la presidencia de Barack Obama.

Desde casi su primer momento como presidente, Donald Trump ha representado un reto para las instituciones al corazón de la democracia estadounidense.

Ese desafío no debe sorprender. Trump es alguien sin experiencia alguna en gobierno y con instintos nativistas, autocráticos y neopopulistas, que llegó al poder gracias a una de nuestras instituciones menos representativas —el colegio electoral— creado para proteger los intereses de los que ejercían poder económico y social cuando nació la República, los hombres blancos propietarios de tierra.

Casi 500 días después de la llegada de Trump a la presidencia, es buen momento para analizar la condición de la democracia estadounidense y que estará en juego cuando los ciudadanos tengan la oportunidad de volver a las urnas este otoño en las elecciones intermedias, cuando se jugará el control del Congreso.

Para medir la salud democrática del país hay que considerar el funcionamiento de cuatro instituciones, dos formales y dos informales.

Empezando con las formales —el Congreso y el Poder Judicial, dos tercios de la gran innovación política estadounidense de la separación de los poderes— es obvio que los resultados son mixtos.

El Congreso ha abdicado su responsabilidad como poder independiente. Los líderes del Senado y la Cámara de Representantes se han convertido —al menos— en cómplices indirectos de los aparentes esfuerzos del presidente Trump de obstaculizar la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha apoderado al presidente de la Comisión de Inteligencia, Devin Nunes (a quien Ryan nombró en el puesto y a quien podría destituir en cualquier momento) y que podría dejar la impresión de que no tiene mucho interés en descubrir a fondo lo que ocurrió con la interferencia rusa.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se ha pronunciado en contra de la mera consideración de un proyecto de ley bipartidista para proteger al fiscal especial, Robert Mueller, quien está investigando el caso, de que el presidente lo despida.

El Congreso tiene una responsabilidad y larga tradición de vigilar al Ejecutivo y asegurar que esté cumpliendo con las leyes y la Constitución de EE.UU.. En el caso de la interferencia rusa, está abdicando esa responsabilidad en una forma que deja vulnerable a nuestra democracia.

Las Cortes y otros involucrados en nuestro sistema independiente de justicia han cumplido mucho mejor con su deber constitucional.

En los primeros días de la administración Trump, múltiples cortes frenaron el atentado inconstitucional de prohibir la entrada de visitantes de países de mayoría musulmana a EE.UU.. En días recientes, la Corte Suprema, con voto del magistrado Gorsuch, designado por el propio Presidente Trump, limitó la autoridad del gobierno de deportar inmigrantes indocumentados.

Varios fiscales y jueces de Nueva York avanzan en una investigación criminal contra uno de los asesores personales más cercanos al presidente —Michael Cohen— a pesar de críticas directas y publicas del mismo presidente.

El fiscal especial Mueller ha logrado que algunos altos funcionarios de la campaña y de la administración Trump acepten su culpabilidad y parece llevar su investigación de manera independiente, profesional y sin pasión, a pesar de los ataques casi diarios desde el entorno presidencial.

A las dos “instituciones” claves informales —la prensa y la sociedad civil— les ha ido aún mejor en salvaguardar la democracia estadounidense.

Los medios tradicionales, a pesar de los ataques diarios del presidente, mantienen un ritmo de investigación periodística casi sin precedente en la historia estadounidense, salvo los esfuerzos que contribuyeron a la única dimisión presidencial de nuestra historia: la de Richard Nixon en el caso Watergate.

Más importante aún, la sociedad civil estadounidense ha despertado. Desde la marcha de las mujeres el día después de la toma de posesión en enero de 2017 a la “Marcha por nuestras vidas” de jóvenes contra la violencia armada en marzo de 2018, hemos vistos las manifestaciones más grandes en la historia del país.

Tribunales, prensa, y sociedad civil son necesarias pero insuficientes para proteger nuestra democracia. Los políticos, y en particular los que mandan en el Congreso necesitan cumplir sus deberes constitucionales.

La buena noticia es que si no lo hacen es probable que otra herramienta de la democracia –las elecciones y, en este caso, las intermedias de noviembre– servirán para despertar ese instrumento fundamental.


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